En una reciente entrevista, el profesor Alfredo Delgadillo, experto en gobierno digital, planteó que la implementación de inteligencia artificial (IA) en la administración pública no necesariamente demanda la creación de nuevas normativas. Resaltó que es fundamental aplicar de manera efectiva las leyes ya existentes, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, las cuales permiten a los ciudadanos exigir reparación ante la vulneración de derechos. Delgadillo enfatiza que la tecnología debería ser vista como un medio para mejorar el bienestar social, y no como un fin en sí mismo. Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones públicas desarrollen sus propios sistemas tecnológicos para evitar dependencia de empresas globales. Propuso la colaboración multidisciplinaria entre ingenieros y juristas para asegurar que el desarrollo tecnológico esté alineado con la función pública y los derechos humanos.