La Dependencia para la Honestidad y Buena Gobernanza ha iniciado procedimientos de responsabilidad contra 80 servidores públicos que, ya sea por omisión o por entrega extemporánea, no cumplieron con su obligación de presentar la declaración patrimonial correspondiente. A pesar de que el cumplimiento general alcanzó un 99.4%, estas acciones buscan atender los casos de incumplimiento. De los 80 funcionarios señalados, 15 están actualmente en audiencias que podrían concluir en amonestaciones, suspensiones o incluso separación del cargo. José Roberto Valencia Salazar, titular de la dependencia, subrayó que este proceso se lleva a cabo para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, que estipula la presentación de estas declaraciones en el mes de mayo. Asimismo, destacó que la mayoría de los casos provienen de las dependencias de Infraestructura y Educación. La intención del gobierno es no solo sancionar a los infractores, sino también establecer un precedente para que todos los funcionarios cumplan en tiempo y forma con esta obligación patrimonial.