El fracking, técnica que permite la extracción de gas shale, se ha convertido en un tema de intenso debate en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado interés en explorar la extracción de gases no convencionales, haciendo eco de las preocupaciones sobre su impacto ambiental.

Esta técnica consiste en romper formaciones rocosas profundas mediante la inyección de grandes volúmenes de agua, arena y químicos. Según informes, varias sustancias utilizadas en el proceso han sido clasificadas como peligrosas para la salud y el medio ambiente, incluyendo algunas que pueden causar cáncer o mutaciones. Además, los residuos resultantes pueden contaminar fuentes de agua.

Los detractores del fracking argumentan que esta actividad no solo compromete la estabilidad geológica de las áreas donde se lleva a cabo, sino que también agrava la crisis del agua al requerir cantidades significativas de este recurso. El proceso de extracción, por su parte, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que intensifica el calentamiento global.

En este contexto, la falta de regulación en México en torno al fracking plantea serias interrogantes sobre su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Los impactos ambientales, junto con las implicaciones para la salud pública, constituyen un dilema que los legisladores y la comunidad científica deben abordar con urgencia.