El 25 de marzo de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 458 votos a favor, la reforma que establece un tope a las pensiones de los ex servidores públicos de alto nivel en México. Esta modificación al artículo 127 de la Constitución Política busca garantizar que las pensiones no superen el 50% del salario del Presidente de la República. La implementación de esta reforma enfrenta un proceso legislativo que incluye su aprobación en lo particular y un posterior respaldo de al menos 17 congresos locales antes de su promulgación por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales subraya la desigualdad existente en el sistema de pensiones del país, señalando que la mayoría de los jubilados reciben pensiones significativamente por debajo de las que podrían percibir los ex servidores públicos. La reforma se centra, además, en prohíbe que las condiciones laborales establecidas superen este nuevo límite.

No se contempla que la reforma tenga efectos retroactivos, según el presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, quien enfatiza que se busca ajustar las pensiones excesivas, que en algunos casos han alcanzado cifras altamente cuestionables como 400 mil pesos mensuales. De aprobarse, la medida busca cerrar las brechas económicas y el desbalance entre pensiones que actualmente se perciben en el sistema público.