En el contexto de seguridad pública en México, la continuidad de la infraestructura tecnológica se presenta como un desafío crítico. La interrupción de estos sistemas, que han sido desarrollados durante años, no solo afecta la coordinación en emergencias, sino que también repercute de manera significativa en la vida diaria de las personas. El Índice de Paz México 2026 proporciona datos alarmantes: la violencia en el país costó 4 billones de pesos en 2025, resultando en una pérdida económica de 5.5 pesos por cada peso invertido en seguridad. Además, se observa que la inversión federal en seguridad ha disminuido un 31.8% en términos reales entre 2015 y 2025, mientras que el costo de la violencia ha aumentado un 19%. La integración efectiva de tecnología en seguridad no solo depende de la inversión inicial, sino de su continuidad operativa. Países como Singapur y Japón han demostrado que una infraestructura tecnológica bien mantenida puede prevenir delitos y mejorar la calidad de vida. En contraste, México enfrenta un reto donde la falta de un sistema activo podría significar la diferencia entre prevenir delitos o reaccionar ante sus consecuencias. Por lo tanto, la discusión sobre seguridad debe centrarse en la importancia de la continuidad y el mantenimiento de estas infraestructuras, evitando recortes que puedan deshacer años de progresos.