El reciente tiroteo en Teotihuacán ha reavivado el debate sobre la crisis de salud mental en México, revelando carencias críticas en el sistema de atención. Expertos señalan que la situación es alarmante: se estima que 1 de cada 5 mexicanos ha sufrido un trastorno mental, con un número alarmantemente bajo de psiquiatras disponibles. La complejidad del problema no se reduce a diagnósticos simplistas, sino que involucra factores sociales, ideológicos y culturales que afectan la salud mental, lo que a su vez incide en la violencia juvenil.

Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad pública, enfatiza que la simplificación del tirador a una categorization de psicopatía es un error que ignora una realidad más compleja, donde discursos de odio y una cultura de estigmatización de la salud mental juegan roles significativos. La reticencia a buscar apoyo está arraigada en lo que Samuel Ramos llamó “máscara social”, reflejando una falta de políticas públicas efectivas que prioricen la salud mental.

Históricamente, programas como el Subsidio para los Estados y Municipios ofrecían recursos para la salud mental, pero su eliminación ha dejado un vacío que agrava la situación. La falta de atención gubernamental se traduce no solo en un incremento de trastornos no tratados, sino también en un ambiente propicio para que se desencadenen actos de violencia.