Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso una propuesta de reforma constitucional en materia electoral con el objetivo de reducir costos y privilegiar la participación ciudadana. La iniciativa, en línea con la Austeridad Republicana, promueve la minimización de los privilegios en la política, ampliando al mismo tiempo los derechos democráticos. Entre las propuestas se destaca la reducción del costo de los congresos locales y la limitación del número de regidurías por municipio. Además, la remuneración de los funcionarios del INE y los tribunales electorales se alineará con el salario de la Presidenta de México. También, se contempla una reducción progresiva del gasto en el Senado y la programación de la Revocación de Mandato para el primer domingo de junio durante el tercer o cuarto año de gobierno. Este marco normativo incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con la finalidad de fortalecer la democracia en el país.