La controversia ha surgido tras el nombramiento de Fátima Baños Pérez al frente del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Esta designación ha sido cuestionada por la familia de un menor con Síndrome de Down, quien fue víctima de discriminación durante su tiempo en el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) bajo la dirección de Baños. A los siete años, el niño, Daniel, fue separado de sus compañeros en clases de natación debido a su condición, provocando un escándalo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La familia ha exigido justicia y ha señalado que, a pesar de los antecedentes de discriminación de la funcionaria, su nombramiento refleja una falta de sensibilidad y un mal manejo de los derechos humanos en el estado. Asimismo, se ha criticado la forma en que Baños obtuvo su título de maestría y sus conexiones familiares que podrían cuestionar la idoneidad de su perfil para el cargo. La designación de una persona con antecedentes de violaciones a los derechos humanos como líder en un organismo de justicia constituye una contradicción ética que podría menoscabar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de la legalidad.